El pastor y ex senador quedó acorralado: a la denuncia que anunció el PJ por el acuerdo de $18 millones, se le sumó la intención del gobierno de acusarlo por tentativa de fraude.
El revuelo por el subsidio de al menos 18 millones de pesos que el gobierno provincial acordó con la Fundación Acción Social crece con el paso de las horas. Cuando el pastor y ex senador Héctor Bonarrico aseguró que el dinero «fue parte de un acuerdo político» generó todo tipo de reacciones y en la mayoría aparecen futuras (e inmediatas) denuncias penales.
El primero en levantar la voz fue el Partido Justicialista, en una conferencia de prensa encabezada por la presidenta provincial, Anabel Fernández Sagasti. Comenzando con «averiguación de delito», la senadora nacional aseguró que esto es apenas «la punta del ovillo» y que consideran la chance de hacer una acusación «por asociación ilícita».
A su vez, el hecho de que el gobierno de Rodolfo Suárez haya decidido dar de baja el convenio significa para el PJ que se está «admitiendo el mal accionar» y calificó la situación como «escandalosa», al mismo tiempo que ponían al lunes como día señalado para la denuncia en cuestión.
Por parte del gobierno, el que salió a dar las primeras aclaraciones fue el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez. Más allá de defender «la legalidad del convenio», el funcionario también pretende ir a la justicia y denunciar a Bonarrico «por tentativa de fraude», debido a que sus dichos generan desconfianza y ponen de manifiesto otras consideraciones.
