Desde este viernes rige la prohibición de contratar nuevo personal, salvo algunas excepciones que fueron especificadas. La medida busca achicar el gasto público.
La crisis económica que vive la Argentina ha obligado a tomar medidas de todo tipo: algunas son de base, otras transitorias y algunas que pueden ser calificadas como «manotazos de ahogado». Desde este viernes comenzó a regir una que la ministra de Economía, Silvina Barakis, ya había anunciado días atrás: el Estado no podrá contratar nuevos empleados.
En esa búsqueda de achicar el gasto público, el gobierno incluyó la iniciativa en el decreto 426/2022. El escrito dice que la cuestión «incluye a los entes públicos con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio en los que el Estado nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, al igual que las entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones».
De todas formas, hay varias excepciones. Por ejemplo, la medida no alcanza a profesionales de hospitales, personal de fuerzas armadas, seguridads y servicio penitenciario. A su vez, se analizarán casos en todo lo referido al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, Sistema Nacional de Manejo del Fuego, cuerpo diplomático y guardaparques, entre los principales.
