El plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda dio tratamiento a la cuestión, donde se sentaron las diferentes posturas.
En un clima de polarización política, el Congreso de la Nación argentina continúa el debate sobre la ley de alquileres. El plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, presidido por diputados del oficialismo, ha avanzado con dos propuestas en conflicto.
Desde el oficialismo, se avaló la sanción del Senado, que propone un plazo mínimo de tres años para los contratos de alquiler con ajustes semestrales y la aplicación del índice Casa Propia, que considera el menor índice entre la variación salarial y la inflación del último año. . Además, se ofrecen incentivos impositivos para propietarios que alquilan sus viviendas.
Por otro lado, desde la oposición, específicamente desde Juntos por el Cambio, se insiste en la norma que fue aprobada en la Cámara de Diputados, que establece un plazo mínimo de dos años para los contratos, con actualizaciones cada cuatro meses y la libertad para definir el índice entre las partes.
Uno de los principales argumentos de la oposición, representada por Pablo Tonelli del PRO, es que la propuesta del Senado «no ha dado buenos resultados» y que su propuesta busca mayor flexibilidad para las partes involucradas en los contratos de alquiler.
Sin embargo, desde el oficialismo, se argumenta que la ley del Senado busca mejorar el actual mecanismo de indexación al hacerlo por el valor más bajo entre inflación y salario, lo que consideran una solución superadora.
En medio de la disputa, Karina Banfi, del partido UCR, calificó la medida como «populista» y aseguró que ninguna de las partes involucradas está conforme con ninguna de las propuestas. Además, atribuyó el problema en el mercado de alquileres al intervencionismo estatal.
Finalmente, Federico Fagioli del oficialismo criticó el proyecto de la Cámara de Diputados, sosteniendo que enriquecería a los dueños y las inmobiliarias. El debate continúa, y la decisión final podría tener un impacto significativo en el mercado de alquileres y en los derechos de inquilinos y propietarios en Argentina.
