El gobernador argumentó su postura contraria a la decisión del gobierno nacional, que otorgó tierras de San Rafael y Malargüe que comprometen planes de importancia, actividades y empresas.
Las comunidades mapuches del sur de Mendoza han sido objeto de una larga disputa por el acceso a la tierra. El gobierno nacional, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), decidió otorgar un total de 24.370 hectáreas a dos comunidades mapuches. Sin embargo, esta decisión no fue bien recibida por el gobierno provincial. El gobernador Rodolfo Suárez solicitó a la asesoría de gobierno y a la fiscalía de estado que realicen los procedimientos necesarios para declarar la inconstitucionalidad de las resoluciones nacionales.
Suárez argumenta que la entrega de tierras comprometería las actividades económicas desarrolladas en la región, como la extracción de petróleo, el turismo y el sector agropecuario, así como la construcción del camino del paso Las Leñas. Por otro lado, los pobladores mapuches afirman que hace años que luchan por obtener el derecho de propiedad de estas tierras.
«Los derechos a la tierra de los pobladores mapuches en la Patagonia son una cuestión histórica y profundamente arraigada en nuestra sociedad», dijo el mandatario. «Las autoridades nacionales han permitido la desidia en este tema durante mucho tiempo, protegiendo a grupos que dicen ser descendientes de pueblos originarios y que someten los principios de libertad y propiedad privada. En Mendoza no lo permitiremos» siguió la publicación en la red social Twitter.
El conflicto entre el gobierno provincial y el nacional está lejos de resolverse. Mientras tanto, la comunidad mapuche y los pobladores locales siguen esperando una solución que satisfaga a ambas partes. La controversia se extiende más allá de Mendoza, ya que este conflicto pone en evidencia la necesidad de una solución integral para la cuestión de la tierra en toda la Patagonia.
