Desde el mes próximo, los beneficiarios podrán ejecutar la regularización dominial de las viviendas entregadas y financiadas por el organismo provincial.
En una noticia largamente esperada por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y los beneficiarios de viviendas sociales en Mendoza, el Senado y la Cámara de Diputados de la provincia sancionaron una ley que promete cambiar la vida de numerosas familias.
Esta ley, conocida como la norma 9378, tiene como objetivo principal la regularización de dominio y el saneamiento de deudas para aquellos que habitan en viviendas sociales. A través de esta medida, se espera ofrecer importantes beneficios a quienes han estado luchando por la propiedad de sus hogares.
La titular del IPV, Marta Ontanilla, explicó que esta ley se compone de dos partes fundamentales. En primer lugar, permite la cancelación de viviendas o créditos hipotecarios con importantes descuentos, lo que antes no era posible. En segundo lugar, facilitar la regularización de dominio, lo que permitirá que las familias sean propietarias de las viviendas que habitan, incluso si tienen deudas pendientes.
Se estima que aproximadamente el 70 por ciento de la cartera de cerca de 60.000 créditos del IPV se verá beneficiado por esta nueva legislación.
La norma también contempla la posibilidad de regularizar la titularidad de las viviendas por transferencia, en casos en los que se hayan adquirido mediante boleto de compra/venta, cesión de derechos, permuta u otras acciones similares. Además, se considerará la regularización para aquellos ocupantes que puedan demostrar más de 5 años de residencia en la vivienda, cumpliendo otros requisitos establecidos en la ley.
Una de las ventajas clave es que permitirá a aquellos que deseen escriturar sus viviendas hacerlo incluso si tienen deudas con diversos organismos. Esto simplificará un proceso que antes era un obstáculo para muchos. Sin embargo, es importante destacar que las deudas no serán condonadas, sino reconocidas, lo que permitirá a los beneficiarios continuar con el trámite.
Además de la regularización de dominio, la ley establece un régimen de cancelación anticipada con descuentos que van desde el 40% al 60% del capital adeudado, dependiendo de la fecha de entrega de la vivienda y del saldo cancelatorio del crédito.
La implementación de esta ley permitirá al IPV cumplir uno de sus objetivos fundamentales, que es depurar la cartera de créditos. En muchos casos, estas carteras registran morosidad o cuotas de montos muy bajos, lo que dificulta su administración. La nueva legislación contribuirá a mejorar la gestión de los créditos vigentes y ofrecerá un alivio a millas de familias que podrán finalmente tener la propiedad legal de sus hogares.
