Mientras no se haga oficial, muchos ya lo aplican de forma informal: como la Ley de Alquileres se demora, ya son varios los que han optado por dos años de contraro.
El Congreso sigue debatiendo y, por ende, demorando las reformas de la Ley de Alquileres N° 27.551, que con sus exigencias actuales está afectando tanto a inquilinos como a propietarios. Ante esta situación, una de las claves de la modificación ya se está aplicando en algunos sectores del país: la baja en el largo de los contratos, pasando de tres a dos años.
El contexto de incertidumbre ha generado todo tipo de reacciones. Por empezar, la suba de precios: sabiendo que la inflación no da tregua, los que se atan al «modo legal» y otorgan contratos por tres años ponen precios muy altos. Lógicamente, esto también hace dismunuir la demanda.
Muchas inmobiliarias, sobre todo en ciudades más chicas, ya ofrecen contratos por dos años e incluso con ajustes todos los años, sin estar predeterminados. Esto genera que el inquilino sepa lo que va a pagar los primeros 12 meses, pero luego se encuentra con la sorpresa de aumentos desproporcionados sin poder hacer demasiado por estar ligado por contrato a uno o dos años más.
